Señalando inhabilidades a quienes financien campañas políticas para contratar con el Estado, el establecimiento de alertas tempranas en el Sistema Nacional de Salud y otras figuras inéditas, el Gobierno busca detener un fenómeno que le costó al país $5 billones durante el último lustro. Perfil de la propuesta.
Si el Estado colombiano fuera capaz de recuperar los $5 billones que durante el último lustro salieron de sus arcas por obra de la corrupción, dispondría de los recursos necesarios para enjugar en un 70% el déficit del Sistema Nacional de Salud o podría, por ejemplo, ahorrarse el costo de dos reformas tributarias.
Sin embargo, las posibilidades de hacerlo son mínimas, si el país deja la misión exclusivamente en manos de un puñado de funcionarios de la Contraloría que están al frente de averiguaciones sobre el paradero de $1,2 billones y que, a juzgar por el estado en que se encuentran los procesos de responsabilidad fiscal que tienen a cargo, al final del año solo habrán podido rescatar para el fisco el 6% de esa suma; es decir, algo más de $38.000 millones.Iván Darío Gómez Lee, auditor general de la República, llevaba esas cifras en su portafolio mientras asistía a las reuniones de concertación que los órganos de control y el Gobierno sostuvieron para preparar el proyecto de Estatuto Anticorrupción, presentado públicamente por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 6 de septiembre.
De acuerdo con sus cifras, más de la mitad del presupuesto público ha estado expuesto al riesgo de la depredación. De hecho, solo 47% de las entidades que manejan recursos públicos fueron vigiladas durante 2009. En otros términos, eso significa que apenas 5.453 de los 10.241 administradores de esos recursos fueron objeto de la mirada fiscalizadora de entes de control territorial y de la Contraloría General de la República.
Los canales por donde fluyen los recursos del Sistema General de Participaciones han sido uno de los blancos más vulnerables. La mitad de ellos no fueron vigilados durante ese año por agentes auditores y hacían parte de los $28 billones que se encontraban huérfanos de control. Bajo el influjo de las presiones de una opinión pública conmovida por lo que ha ocurrido con la pérdida de millonarios recursos de regalías, el control fiscal consiguió una cobertura del 87% sobre los $4 billones reconocidos a las entidades territoriales por la explotación de recursos naturales.
En los campos penal y disciplinario, las investigaciones han servido para imponer, durante los últimos 18 meses, condenas y sanciones a 135 funcionarios públicos, la mayoría de rango medio o bajo, pero las acciones de repetición emprendidas contra algunos de ellos -como fórmula para que resarzan con sus recursos personales al menos parte del daño patrimonial causado- no han llegado a buen puerto.
Esas acciones de repetición, sin embargo, solo se han producido en casos en los que la Nación ha sido condenada por fallas en sus servicios, pero no de manera expedita en casos probados de corrupción. De acuerdo con fuentes del Consejo Superior de la Judicatura consultadas por Dinero, a junio de 2010 las demandas de acciones de repetición llegaban a 1.024. Sin embargo, el trámite de cada una de ellas tomará en promedio entre tres y seis años si se mueven a buen ritmo los procesos en los juzgados administrativos.
ESTRATEGIA DE BAJO IMPACTO
A partir de esta realidad, expertos en el examen de políticas públicas contra la corrupción, entre ellos Transparencia por Colombia, han advertido que las estrategias adoptadas por el Estado para enfrentar el problema son todavía de bajo impacto.
Para demostrarlo, según ellos, bastaría con recordar que los procesos de contratación pública siguen ofreciendo las principales oportunidades para quienes buscan esquilmar los dineros públicos, pese a que se trata del campo más regulado.
Tres reformas al Estatuto de la Contratación durante los últimos quince años, sumadas a la expedición de medio centenar de decretos reglamentarios, más la adopción de un Código Disciplinario Único que agilizó procesos y elevó los castigos, además de otros instrumentos coercitivos, no han conseguido todavía desestimular el fenómeno.
Al asumir funciones, la nueva contralora general de la República, Sandra Morelli Rico, se encontró con que las concesiones para la construcción de obras de infraestructura siguen expuestas a las trampas contra el presupuesto nacional. Las prórrogas y adiciones al valor de las 22 concesiones heredadas del anterior gobierno ofrecen riesgos para el erario y revelan debilidades en la fase de planeación y estructuración de los proyectos.
Su antecesor ya había advertido: "Es lamentable que se adjudiquen las concesiones y que los contratistas jueguen desde el inicio del contrato a solicitar modificaciones, adiciones y prórrogas sucesivas y constantes, para mejorar su rentabilidad".
Contratos rondados por el tráfico de influencias y asesorados abiertamente -o tras bambalinas- por ex ministros y ex funcionarios que conocen como pocos los sectores en que se ejecutan, le dan vida en la práctica al viejo aforismo según el cual 'hecha la ley, hecha la trampa'. "Eso es particularmente cierto cuando esos ex funcionarios hacen uso indebido de información privilegiada", le comenta a Dinero un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción.
La manipulación de la encuesta Sisbén y la proliferación de tutelas, basadas en información inexacta o abiertamente falsa y sobrecostos en medicamentos con cargo a los recursos del Fosyga, constituyen una de las principales fuentes de desangre del sector de la seguridad social en salud. "Si hubiese que establecer un ranking, la inmoralidad en este sector sería la segunda causa de enriquecimiento ilícito después de la que ha venido reinando en la contratación administrativa", dice Claudia Celis, experta en modelos de transparencia de la Universidad Bolivariana de Medellín.
PENAS Y PEDAGOGÍA
En este contexto, el presidente Santos presentó en la Casa de Nariño su estrategia de lucha contra la corrupción, que tendrá en el Estatuto Anticorrupción su principal pivote. Ese 6 de septiembre, el mandatario insistió en que la lucha anticorrupción debe asumirse como una política de Estado, pero dijo que no solo porque en ella participarán todas las entidades públicas, sino porque incorporará a la sociedad civil y a la ciudadanía en general.
Varios de los 94 artículos de su propuesta apuntan a reformar el Código Penal, lo que ha llevado a algunos críticos a afirmar que la socorrida fórmula del aumento de penas no ha sido históricamente un elemento disuasivo ante los corruptos. Sin embargo, uno de los puntos más novedosos de su propuesta es que abre un nuevo escenario para que los organismos de control hagan alianzas estratégicas con la academia, centros de investigación y con redes de veedores cívicos, hecho que equilibra el peso de su contenido coercitivo. "Esa es una promesa de que la plataforma será mucho más integral", asegura Celis.
"La lucha contra la corrupción -ha dicho el Presidente- debe ser una prioridad de toda la sociedad, no solo en términos de poder sancionar, sino de prevenirla con buenas políticas públicas y pedagogía".
Otro elemento nuevo se relaciona con el anuncio de que esa política de Estado se apoyará en instrumentos de Derecho Internacional, tales como la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la OEA y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y en prácticas establecidas por organismos como la Corporación Andina de Fomento y la OCDE (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo).
Un elemento de transparencia ausente de los estatutos anteriores es la creación de la figura de las "personas políticamente expuestas", que les facilitará a las entidades del sector financiero hacer un seguimiento más detallado de las cuentas de altos funcionarios del Estado y les permitirá encender alarmas cuando sus movimientos no se compadezcan con el flujo normal de sus ingresos. De esa manera, dispondrán de alertas tempranas para incorporarse más activamente a la lucha contra la corrupción.
La creación de una Comisión Nacional para la Moralización ya había sido un modelo aplicado sin mayor éxito por gobiernos anteriores, pero lo que sí resulta novedoso es la constitución de una Comisión Nacional Ciudadana para actuar en el mismo frente, en la que tendrán participación los gremios económicos, ONG, universidades, medios, veedurías, organizaciónes sindicales y el Consejo Nacional de Planeación.
Según los especialistas consultados, ahora será el Congreso, institución que enfrentará el desafío de vencer su propio descrédito para sacar adelante las nuevas herramientas contra la corrupción, el que abone el terreno para que el Estatuto se haga realidad.
fuente: http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/claves-nueva-estrategia-anticorrupcion_77021.aspx
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