Javier Darío Restrepo, experto en temas de ética e información, da elementos para entender los fenómenos generados por las nuevas tecnologías, tales como los episodios de los últimos meses con las redes sociales y los 'hackers'.
De creerles a Estados Unidos, a la Gran Bretaña o a los australianos, Wikileaks es un peligro para la diplomacia mundial y las redes sociales ponen en riesgo la democracia. Por eso parecen estar a punto de gritar frente a Internet: ¿quién podrá defendernos?
En la cumbre de la Sociedad de la Información, reunida en Túnez en noviembre del 2005, esa fue la pregunta cuando Estados Unidos planteó la defensa de los niños frente a la pornografía en Internet. La respuesta, al final fue que "ni técnica ni legalmente son viables los instrumentos para limitar y controlar el acceso a Internet".
Pero, al contrario de la impotencia mostrada en el 2005, hoy los gobiernos no quieren seguir manicruzados. Mubarak, en sus últimos días en el poder, echó mano de él para clausurar la Internet egipcia; el Gobierno sirio hizo lo mismo, aunque en forma temporal y no en todo el país; en Irán no hubo Internet durante el período de protestas populares en el 2009 y se mantiene el esfuerzo gubernamental para controlarlo y filtrar sus contenidos, y en Libia, los intentos del gobierno de Gadafi de atajar Internet han sido inútiles frente al manejo que los rebeldes han hecho de este instrumento.
Los gobiernos han aprendido que la expresión fuera de control que propicia Internet no se puede resolver con los buenos modales de la democracia y se han valido de los golpes contundentes de las autoridades policiales, como acaba de ocurrir en Bogotá, donde la Policía capturó al hacker Sophie Germain, el alias de un estudiante acusado de robo de perfiles de Twitter y de usurpación de las cuentas de redes sociales y de correos electrónicos.
En Túnez, el problema aparecía más simple: se trataba de controlar la pornografía; pero hoy la dinámica de la democracia aparece en el fondo de los mensajes que difunden las redes sociales, que es un fondo bueno, porque promueve la participación de grandes capas de la población que eran pasivas y estimula el examen crítico de las acciones de los poderosos. Durante 30 años, Mubarak había operado a sus anchas, sin críticos ni cuestionamientos y, tanto en Egipto como en los países vecinos, la voz popular había permanecido silenciada.
Las redes sociales rompieron ese silencio y, por tanto, activaron las virtudes y los mecanismos de la democracia. Sin embargo, al mejor estilo de los dictadores, los gobernantes democráticos, podrían estar estrangulando la opinión y la información en nombre de la seguridad del Estado.
El tema de la persecución implacable contra Julián Assange, porque 'hackeando' obtuvo el enorme volumen de información de Wikileaks, es una pieza del mismo conjunto en que se encuentra la historia del proyecto Internet, en una valija de la New America Foundation.
Usted la ve y es una maleta cualquiera, pero está dotada de antenas inalámbricas, una laptop, dispositivos de memoria de destello, discos compactos y cables de Ethernet, elementos con los que el usuario puede violar las leyes impuestas en Irán, por ejemplo, o en Siria, que prohíben el Internet en defensa de la seguridad del Estado. Es una valija de Internet que permite compartir información y la saca del país. Si en lugares como este, o en Egipto o en Libia, un gobierno demócrata apoya el uso de esta tecnología para cambiar su política, ¿por qué en Londres o en Madrid las redes sociales son perseguidas por la Policía?
En Irán, lo mismo que en Europa, las redes sociales se han convertido en instrumentos para el cambio político. ¿En nombre de qué o de quién se puede satanizar un cambio político?
Es un error creer que las redes sociales son asunto privado. La expresión es de Adolfo Salgueiro, a partir de su experiencia en medios sociales. Consecuentemente, no es el derecho a la intimidad de lo privado lo que cuenta cuando las autoridades las intervienen; antes que el de la intimidad, pasa el derecho ciudadano a fiscalizar, controvertir y exigir cambios en el poder.
Los gobiernos, al atentar contra las redes sociales, defienden su poder, pero debilitan la democracia.
Una contradicción parecida se manifestó en el caso que estuvo a punto de archivar una fiscal en Bogotá. En el grueso legajo se daba cuenta del ataque informático contra la plataforma de la Registraduría el día de las elecciones del 14 de marzo del 2010. Al colapsar la plataforma, porque los mensajes recibidos desbordaron los límites normales de una consulta, la información sobre los resultados de las elecciones quedó sujeta a manipulación y a modificación de las cifras. La firma Adalid, analista de cibercrímenes, encontró que en el ataque informático habían intervenido el DAS, el Ejército y la Policía. Los hackers, por tanto, vestían uniformes oficiales y, al contrario de lo sucedido con el solitario hacker que entró a la página del señor Presidente, a estos nadie los ha molestado.
Usted cruza todos estos datos, se pregunta dónde termina lo legal y dónde comienza lo criminal, tiene en cuenta el poder de las nuevas tecnologías y las limitaciones legales y técnicas de los gobiernos frente a ese poder y se va a encontrar un problema complejo, que comienza a ser menos oscuro cuando reúne estos elementos:
Es una tecnología, como fue la de la radio, la de la imprenta o la de la televisión. Esas tecnologías llegaron, pasaron, pero los principios quedaron ahí y ahí siguen: veracidad, responsabilidad, servicio del bien común, como guías para su uso correcto.
Esta es una tecnología poderosa, que abre nuevas y mayores posibilidades a los humanos, y por eso exige una mayor responsabilidad que las otras. No es lo mismo manejar un triquitraque que una bomba.
Ese poder determina una mayor incidencia en el bien común. Los 'indignados' y los hackers oficiales en la plataforma de la Registraduría tocan de distinta manera el bien común. Pero lo tocan.
Los gobiernos utilizan el bien común como pretexto para defender su poder, aviesa práctica que se parece a la de los 'indignados' cuando olvidan el bien de todos y solo ven su poder como objetivo.
Uno puede creerles o no a los gobiernos cuando persiguen las redes sociales para garantizar la seguridad del Estado y de sus ciudadanos. Lo que sí es cierto es que en esas redes, como todo en la tecnología, todo depende de quién y para qué las use.
Después de todo, uno concluye que es más peligroso un gobierno que defiende su poder a cualquier costo, que una red social en la que el acercamiento entre las personas y la adopción de objetivos comunes tienen más fuerza que las ambiciones de poder de unos pocos.
En la cumbre de la Sociedad de la Información, reunida en Túnez en noviembre del 2005, esa fue la pregunta cuando Estados Unidos planteó la defensa de los niños frente a la pornografía en Internet. La respuesta, al final fue que "ni técnica ni legalmente son viables los instrumentos para limitar y controlar el acceso a Internet".
Pero, al contrario de la impotencia mostrada en el 2005, hoy los gobiernos no quieren seguir manicruzados. Mubarak, en sus últimos días en el poder, echó mano de él para clausurar la Internet egipcia; el Gobierno sirio hizo lo mismo, aunque en forma temporal y no en todo el país; en Irán no hubo Internet durante el período de protestas populares en el 2009 y se mantiene el esfuerzo gubernamental para controlarlo y filtrar sus contenidos, y en Libia, los intentos del gobierno de Gadafi de atajar Internet han sido inútiles frente al manejo que los rebeldes han hecho de este instrumento.
Los gobiernos han aprendido que la expresión fuera de control que propicia Internet no se puede resolver con los buenos modales de la democracia y se han valido de los golpes contundentes de las autoridades policiales, como acaba de ocurrir en Bogotá, donde la Policía capturó al hacker Sophie Germain, el alias de un estudiante acusado de robo de perfiles de Twitter y de usurpación de las cuentas de redes sociales y de correos electrónicos.
En Túnez, el problema aparecía más simple: se trataba de controlar la pornografía; pero hoy la dinámica de la democracia aparece en el fondo de los mensajes que difunden las redes sociales, que es un fondo bueno, porque promueve la participación de grandes capas de la población que eran pasivas y estimula el examen crítico de las acciones de los poderosos. Durante 30 años, Mubarak había operado a sus anchas, sin críticos ni cuestionamientos y, tanto en Egipto como en los países vecinos, la voz popular había permanecido silenciada.
Las redes sociales rompieron ese silencio y, por tanto, activaron las virtudes y los mecanismos de la democracia. Sin embargo, al mejor estilo de los dictadores, los gobernantes democráticos, podrían estar estrangulando la opinión y la información en nombre de la seguridad del Estado.
El tema de la persecución implacable contra Julián Assange, porque 'hackeando' obtuvo el enorme volumen de información de Wikileaks, es una pieza del mismo conjunto en que se encuentra la historia del proyecto Internet, en una valija de la New America Foundation.
Usted la ve y es una maleta cualquiera, pero está dotada de antenas inalámbricas, una laptop, dispositivos de memoria de destello, discos compactos y cables de Ethernet, elementos con los que el usuario puede violar las leyes impuestas en Irán, por ejemplo, o en Siria, que prohíben el Internet en defensa de la seguridad del Estado. Es una valija de Internet que permite compartir información y la saca del país. Si en lugares como este, o en Egipto o en Libia, un gobierno demócrata apoya el uso de esta tecnología para cambiar su política, ¿por qué en Londres o en Madrid las redes sociales son perseguidas por la Policía?
En Irán, lo mismo que en Europa, las redes sociales se han convertido en instrumentos para el cambio político. ¿En nombre de qué o de quién se puede satanizar un cambio político?
Es un error creer que las redes sociales son asunto privado. La expresión es de Adolfo Salgueiro, a partir de su experiencia en medios sociales. Consecuentemente, no es el derecho a la intimidad de lo privado lo que cuenta cuando las autoridades las intervienen; antes que el de la intimidad, pasa el derecho ciudadano a fiscalizar, controvertir y exigir cambios en el poder.
Los gobiernos, al atentar contra las redes sociales, defienden su poder, pero debilitan la democracia.
Una contradicción parecida se manifestó en el caso que estuvo a punto de archivar una fiscal en Bogotá. En el grueso legajo se daba cuenta del ataque informático contra la plataforma de la Registraduría el día de las elecciones del 14 de marzo del 2010. Al colapsar la plataforma, porque los mensajes recibidos desbordaron los límites normales de una consulta, la información sobre los resultados de las elecciones quedó sujeta a manipulación y a modificación de las cifras. La firma Adalid, analista de cibercrímenes, encontró que en el ataque informático habían intervenido el DAS, el Ejército y la Policía. Los hackers, por tanto, vestían uniformes oficiales y, al contrario de lo sucedido con el solitario hacker que entró a la página del señor Presidente, a estos nadie los ha molestado.
Usted cruza todos estos datos, se pregunta dónde termina lo legal y dónde comienza lo criminal, tiene en cuenta el poder de las nuevas tecnologías y las limitaciones legales y técnicas de los gobiernos frente a ese poder y se va a encontrar un problema complejo, que comienza a ser menos oscuro cuando reúne estos elementos:
Es una tecnología, como fue la de la radio, la de la imprenta o la de la televisión. Esas tecnologías llegaron, pasaron, pero los principios quedaron ahí y ahí siguen: veracidad, responsabilidad, servicio del bien común, como guías para su uso correcto.
Esta es una tecnología poderosa, que abre nuevas y mayores posibilidades a los humanos, y por eso exige una mayor responsabilidad que las otras. No es lo mismo manejar un triquitraque que una bomba.
Ese poder determina una mayor incidencia en el bien común. Los 'indignados' y los hackers oficiales en la plataforma de la Registraduría tocan de distinta manera el bien común. Pero lo tocan.
Los gobiernos utilizan el bien común como pretexto para defender su poder, aviesa práctica que se parece a la de los 'indignados' cuando olvidan el bien de todos y solo ven su poder como objetivo.
Uno puede creerles o no a los gobiernos cuando persiguen las redes sociales para garantizar la seguridad del Estado y de sus ciudadanos. Lo que sí es cierto es que en esas redes, como todo en la tecnología, todo depende de quién y para qué las use.
Después de todo, uno concluye que es más peligroso un gobierno que defiende su poder a cualquier costo, que una red social en la que el acercamiento entre las personas y la adopción de objetivos comunes tienen más fuerza que las ambiciones de poder de unos pocos.
Acerca del autor
Experimentado reportero de prensa y televisión. Es una autoridad en temas de ética y comunicación social. Fue defensor del lector en EL TIEMPO.
0 comentarios :
Publicar un comentario