Foto: Archivo - EL TIEMPO
347 mil familias pobres podrían recibir un subsidio de vivienda por 11 millones de pesos con la plata que se roban en las contrataciones.
La cifra la reveló la Procuraduría, en víspera del Día contra la Corrupción, que se celebra hoy.
Según esas cifras, de estadísticas recolectada por la Oficina Anticorrupción, los 3,9 billones de pesos que en procesos de contratación van a parar a los bolsillos de los corruptos alcanzarían para pagarle 10 semestres de carrera universitaria a 80 mil jóvenes colombianos, con un valor de 5 millones de pesos cada semestre.
Los cálculos del Ministerio Público y del Zar Anticorrupción indican que los recursos con los que se quedan los corruptos equivalen a la financiación de dos años de la seguridad democrática; podrían ser subsidios de vivienda por valor de 11,5 millones de pesos para 347 mil familias de escasos recursos o cubrir la educación de 325 mil niños.
Los cálculos del Ministerio Público y del Zar Anticorrupción indican que los recursos con los que se quedan los corruptos equivalen a la financiación de dos años de la seguridad democrática; podrían ser subsidios de vivienda por valor de 11,5 millones de pesos para 347 mil familias de escasos recursos o cubrir la educación de 325 mil niños.
La cifra de los 3,9 billones de pesos perdidos en corrupción la estableció la Oficina Anticorrupción, tras conocer una encuesta realizada por Transparencia por Colombia y la Universidad Externado a 560 empresarios que contratan con el Estado.
Según Óscar Ortiz, zar Anticorrupción, se calcula que el 12,9 por ciento de los recursos contratados se van en pagos de sobornos, del total de 30 billones de pesos de contratos que ejecuta la Nación. Y tan solo el 8 por ciento de los encuestados que conocen de hechos de corrupción los denuncian, agregó.
Ortiz aseguró, además, que hoy existe "una sofisticación de la corrupción", pues décadas atrás se concentraba en "sustraer elementos de oficias y cobros por trámites" mientras que hoy "la tendencia es la intervención con operaciones financieras, manejos de excedentes financieros, contratos de fiducia y patrimonios autónomos".
Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez reiteró ayer que "la corrupción está a punto de convertir a Colombia en una nación inviable".
Embolatados más de $100 mil millones
Varios municipios, departamentos y entidades como la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) tienen embolatados más de 100 mil millones de pesos que fueron entregados a particulares a través de una figura denominada "ofertas de cesión de derechos de beneficio con pacto readquisición".
En la investigación por el detrimento de esos dineros la Fiscalía acaba de tomar las primeras decisiones y ordenó la captura de los ex tesoreros de Villavicencio Miguel González Roncancio y Agustín Hortúa Rodríguez, como los presuntos responsables de la pérdida de 30 mil millones de pesos en la capital del Meta.
El dinero salía de las arcas públicas y a través de una fiducia iba a parar a particulares que se comprometían a devolverlo con intereses, pero que al final no pagaron. De esta forma, Casanare tiene comprometidos 13 mil millones; Yumbo (Valle), 10 mil millones; Castilla La Nueva (Meta), 4 mil millones, y la DNE 25 mil millones de pesos.
Contraloría, con los ojos en Barú
El contralor General, Julio César Turbay Quintero, advirtió posibles irregularidades en la decisión de un juez de Cartagena que ordenó la devolución del predio La Puntilla, en la isla Barú (Bolívar), a un hombre que interpuso una acción de tutela.
Según el jefe del organismo de control, el terreno -que mide 74 hectáreas (cada una puede costar mil millones de pesos)- pertenece a la Nación y está a nombre de Fonade. Por eso, anunció que vigilará y llevará el caso a la comisión interadministrativa contra la corrupción, pues "de los hechos en cuestión podrán derivarse un daño al patrimonio público, una conducta disciplinaria y un eventual delito", dijo Turbay Quintero.
Este predio, ubicado cerca al lugar donde se adelanta un megaproyecto hotelero en la isla Barú, fue desalojado en septiembre pasado tras una larga batalla jurídica entre personas de la región y el Gobierno que aseguraba que el terreno fue invadido. En su momento, más de 100 ciudadanos fueron sacados del predio, pero insistieron que son herederos de las tierras y que el procedimiento fue ilegal.
Al anunciar la Contraloría que evalúa hacerse parte en el proceso, planteó varias dudas. Entre ellas que Eduardo González Angulo, quien interpuso la tutela concedida por el juez 13 administrativo de Cartagena, al parecer "ni siquiera (era) ocupante ilegal del mismo". Además, cuestiona que el juez haya ordenado devolver las 74 hectáreas de tierra, cuando las que fueron ocupadas ilegalmente eran 34.
Naciones Unidas anuncia sanciones
Ban Ki Moon, Secretario General de las Naciones Unidades, asegura que los actos de corrupción no solo afectan el desarrollo de las naciones, sino la propia democracia.
"El desarrollo no es la única víctima. La corrupción manipula las elecciones, socava el estado de derecho y compromete la seguridad (...) También puede afectar gravemente al sistema financiero internacional", señaló Ban Ki Moon, al celebrarse hoy el Día Internacional contra la Corrupción. El Secretario General anticipó que habrá sanciones para los estados que no combatan ese flagelo.
REDACCIÓN JUSTICIA
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